Revista Derecho Constitucional │Universidad Blas Pascal

El control jurisdiccional de las facultades privativas de los poderes estatales, en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Ricardo Haro — 2019-12-06

El control jurisdiccional del ejercicio de las llamadas facultades privativas de los poderes del Estado, forma parte como un capítulo específico comprendido dentro del planteo general de las denominadas cuestiones no justiciables o cuestiones políticas.

Se realizará en la primera parte un análisis sobre la normatividad y arbitrio político, las cuestiones políticas y los presupuestos del acto estatal, la zona de reserva política, y

¿Cuándo procede o no, el control judicial?.

Luego se desarrollan las facultades privativas y las cuestiones políticas, con algunos pronunciamientos paradigmáticos de la Corte Suprema sobre la justiciabilidad de las facultades privativas, para llegar a las conclusiones finales.

Las constituciones históricas

Walter F. Carnota — 2019-12-06

Se han elaborado tipologías de constituciones centrando sus diferencias en su carácter ‘histórico’, o ‘racional’ o ‘no histórico’. Como una observación general, puede decirse que todas las constituciones son producto de fuerzas y procesos históricos. Pero algunos documentos en particular muestran una acendrada historicidad, como Gran Bretaña. Otros documentos contienen algunos condimentos históricos, como la Constitución ar- gentina de 1853. Ello hace que sobresalgan en el concierto comparatista de hoy, acostumbrado a productos enteramente racionalistas. Por lo demás, la historicidad puede revelarse en ciertas partes, como en los preámbulos y en las “cláusulas de eternidad”.

Acerca de la constitucionalización del Derecho Privado.

Tomás Guillermo Rueda — 2019-12-09

La denominada “Constitucionalización del derecho privado” suscita algunas controversias en la doctrina por las diferentes posiciones asumidas en orden a su significado y alcance. Sin embargo, la introducción de los “nuevos derechos y garantías” en la re- forma constitucional de 1994, como también la valorable recepción legislativa de los derechos humanos (Art. 75, inc. 22, CN), que constituyen derechos fundamentales de jerarquía supranacional, exigen del Derecho Privado su adecuación a estas nuevas fuentes y no únicamente su subordinación (Art. 31, CN). El nuevo código civil y comercial no desatendió esa directiva, disponiendo su interpretación conforme a los Tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento” (Art. 2 CCCN). La meritoria positivización de los Derechos Humanos, en la Constitución Nacional, impuso su aplicación en el nuevo código, fiel al efecto operativo de aquella.

El diseño clásico o anglosajón de juicio por jurado y la violación del deber de motivar: un análisis a partir de las sentencias de Derechos Humanos de la Corte Inter-Americana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Carlos Martín Villanueva — 2019-12-09

Se encuentra en marcha un fuerte movimiento de reforma procesal penal en la Argentina incorporando la participación ciudadana en la administración de justicia por medio de la institución de juicios por jurados. Numerosas provincias entre las que se cuentan Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Chaco, San Juan, Rio Negro, entre otras han incorporado ya el diseño de juicio por jurado clásico o anglosajón.

El presente trabajo analiza este movimiento de la reforma y los cuestionamientos a la constitucionalidad de la instauración del juicio por jurado clásico por implicar la introducción del veredicto inmotivado a través del análisis crítico de los recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analizaron este problema constitucional y poniendo de manifiesto cuales los argumentos por las cuales estas decisiones son contradictorias con la práctica interpretativa de ambos tribunales que han consagrado un derecho autónomo a la motivación y a un sistema de revisión amplio de las sentencias, como garantías del debido proceso

La trascendencia del estudio del Derecho Procesal Constitucional.

Carlos Hugo Valdez — 2019-12-10

La enseñanza del derecho procesal constitucional actualmente se inserta en la curricula de la carrera de derecho en todo el país, dentro del Estado de Derecho. Particular atención se hará con relación a la técnica Jar de enseñanza, que permite una mayor participación de los estudiantes, en el manejo de un tema y para habituarlos al trabajo de equipo en términos de competencia y cooperación.

El derecho al olvido digital. La nueva cara de un derecho tan viejo como polémico.

Oscar Puccinelli — 2019-12-10

El presente artículo tiene como objetivo analizar el derecho al olvido en la acción de habeas data, conforme las reglas que justifican su reconocimiento, y los requisitos para establecer cuándo una persona se encuentra amparada por el derecho al olvido. Posteriormente se hará un reconto de la evolución del derecho al olvido en Europa y su recepción en Latinoamérica, para arribar finalmente a conclusiones sobre el debate actual doctrinario, legal y jurisprudencial de la existencia y extensión del derecho al olvido, en cualquiera de sus versiones.

Los derechos individuales afectados homogéneamente y los procesos colectivos como un instrumento para superar obstáculos al acceso a la justicia. (A diez años del caso Halabi)

Ramiro Rosales Cuello — 2019-12-11

Con la incorporación de los procesos colectivos en el artículo 43 de la Constitución Na- cional, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue evolucionando hasta el caso Halabi, que define la categoria colectiva de los intereses individuales homogéneos. Este cambio jurisprudencial, tiene actualmente influencia en el acceso a la justicia del artículo 18 de la Constitución Nacional, siendo necesario una regulación legislativa.

Algunos aportes en torno a la acción declarativa de la inconstitucionalidad y a su carácter preventivo.

Elcira María Torres Aliaga — 2019-12-11

La acción declarativa de inconstitucional, como herramienta para asegurar la supremacía constitucional, es una vía procesal autónoma y de excepción, de trámite sumario o sumarísimo, que se perfila como el instrumento más eficaz para interpelar la actuación de los jueces a los fines de salvaguardar los valores, derechos y garantías que la Constitución Nacional consagra, cuando una norma legal provincial, municipal o administrativa pudiera reputarse contraria al orden constitucional. Siendo esta acción esencialmente declarativa y de carácter preventivo, la tutela judicial debe ser instada, por regla general, antes de producida la lesión a los derechos constitucionales que se invocan. Ella tiene por objeto el análisis de la adecuación constitucional de un acto normativo determinado, de alcance general, siendo su finalidad la consiguiente declaración de invalidez o inaplicabilidad de la norma irregular en el caso concreto y respecto de aquel cuyo derecho subjetivo o interés legítimo ha sido amenazado o afectado.

Nuevas perspectivas sobre la mutación del sistema de control de constitucionalidad en Argentina.

Andrés Marcelo de Gaetano — 2019-12-13

La constitución argentina de 1853 no incluye reglas sobre el ejercicio del control de constitucionalidad; a partir de cuya ausencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación se adjudica una auto atribución monopólica para el diseño del sistema y su ejercicio; creando las reglas del tradicional sistema de control de constitucionalidad federal argentino. No obstante, frente a este clásico sistema, desde hace algunos años la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación propone una flexibilización del diseño original y una mutación sobre sus notas caracterizantes con vocación hacia la hibridación del sistema. Este trabajo propone la identificación y descripción de dicho proceso jurisprudencial mutativo sobre una de las notas caracterizantes del tradicional sistema de control de constitucionalidad argentino: el monopolio judicial del control; y explorar desde allí la injerencia del órgano ejecutivo en materia de control de constitucionalidad sobre normas presuntamente inconstitucionales.